Del paramilitarismo y sus peligrosas Muchachadas

La grabación mostrada por el presidente Maduro de Ramón Muchacho es una prueba incontestable del apoyo y complicidad de este alcalde para con los violentos en el municipio Chacao. Las güarimbas son mucho más que manifestaciones de descontento, son parte de un plan con importantes niveles de articulación política, mediática, logística e internacional, cuyo objeto es la deslegitimación del gobierno bolivariano y la derrota de la Revolución a través del golpe suave.

De Muchacho, no nos extraña teniendo en cuenta su vinculación con Alfredo Peña cuando fue Alcalde Metropolitano, así como con Ivan Simonovis, Lázaro Forero y Henry Vivas, que junto a otros hoy prófugos, planificaron la masacre del 11 de abril, donde además, él se auto nombró Alcalde de facto de Caracas. Difícil creer que estuvo al margen de la conspiración, en su carácter de Prefecto de la ciudad y segundón de Peña. En la grabación, Muchacho menciona, sin pudor la posibilidad de existencia del paramilitarismo en su municipio, y su aviesa intención de derrocar al gobierno constitucional.

El ejemplo más conocido en Latinoamérica de esta aberrante expresión derechista, que no es solo una expresión tremendista del Muchacho, lo constituye lo sucedido en Colombia, donde el bandidaje paramilitar llevó la violencia hasta el paroxismo, incrementando el dolor de una guerra por causas políticas que ya lleva más de medio siglo. Este, es el camino que transita el sector fascista de la oposición, con la alcahuetería del resto de la MUD, que no condena abiertamente el plan güarimbero y rechaza participar en el diálogo de paz convocado por el gobierno.

De una manera hipócrita la derecha venezolana culpa a colectivos comunitarios de la violencia desatada con la intención de criminalizar al gobierno. La calumnia es tal, que llegan a achacar sus acciones delictivas a partidos y líderes revolucionarios. Ninguno condena la terrible quema de universidades, bibliotecas, CDIs y asesinatos a la GNB y PNB. Una vez más decimos: tenemos plena confianza en el Poder Popular y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Siempre nos hemos caracterizado por actuar de manera clara y, por principios, no recurriremos a métodos que atenten contra las reglas democráticas y los Derechos Humanos. Quien lo haga debe ser castigado.

Sobre Muchacho no hay lugar a especulaciones: a confesión de parte, relevo de pruebas. Sólo queda una duda, su alusión al tema paramilitar, ¿es una amenaza de lo que prepara o parte de la confesión de lo que ya ha hecho?

¡Ganemos la Paz y Democracia para Colombia!

La realidad colombiana, pasada y presente, y su agresión reciente contra Venezuela, es conocida, pese a la intensa campaña de guerra sicológica y mediática contra la Revolución Bolivariana de Rendon Group (consultar en Google “El rol de Santos en la estrategia imperial en Colombia”, de Carlos Lanz), encargados por los gringos, con la oligarquía criminal colombiana, de desprestigiar, para agredir y/o “arrinconar”, el faro libertario bolivariano liderado por el Comandante Hugo Chávez.

Convivimos con más de cuatro millones de colombianos, que dan cuenta del terror, masacres, torturas y crimen organizado por las estructuras de poder formal del Estado y de su oligarquía voraz e inescrupulosa, “moneda corriente” en su tierra.

Veamos. Ya desde 1929, ante una insurrección popular, le tocó defender al mártir Jorge Eliécer Gaitán (asesinado en 1948) a los trabajadores bananeros de la “United Fruit” por sentencia de los consejos de guerra incriminando a los obreros en huelga, que en 1928 arrojó el espantoso saldo de 32.000 muertos, registrado como “El Holocausto Obrero” del Magdalena; el 5 de agosto de 1963 ocurrió la masacre de la Italia en Marquetalia; y más recientemente la masacre con invasión y bombardeo a Ecuador; o las fosas comunes de los Montes de María y la Macarena, con más de 1.500 y 2.000 cadáveres cada una; los “falsos positivos”, asesinando a jóvenes inocentes, para luego presentarlos como éxitos de la política de “seguridad democrática”.

Estos son hechos, constatados y documentados en la historia pasada y presente, y no “historietas fotográficas” de charlatanes en la OEA o UNASUR.

La realidad es mucho más patética y kafkiana, si a ella sumamos sus engendros de violencia “no institucionales”; el narcotráfico del mayor productor y exportador de cocaína del mundo; los paramilitares; los cientos de miles de “soplones” informantes financiados, entre otros, a través del programa “Familias en Acción” y “Familias Guardabosques” –con la coartada de “erradicadores de coca”-, de la Agencia Presidencial para la Acción Social del saliente Uribe, dirigidos por el “diplomático” colombiano Alfonso Hoyos que pidió se “verifique las pruebas que presentó” contra Venezuela.

Este breve recuento lo hago, además de ser fundamental para entender la última agresión a la patria, para explicar uno de los factores que incidió notablemente en los recientes resultados electorales “democráticos” del 20 de junio, y las encuestas que todavía “arrojan una sorprendente popularidad” de Uribe, para sorpresa de incautos.

Esa descomunal maquinaria del terror del Estado colombiano también está activa en períodos electorales; con sus 450.000 miembros de las F.F.A.F. colombinas; decenas de cientos de informantes y agentes del DAS; 35.000 paramilitares removilizados; y las fuerzas del narcotráfico, incuantificables en esta “flamante industria” y sus conexos, que sostiene a Colombia, pero por declaraciones del general Francisco Patiño el 26 de Abril -“… 43.435 supuestos narcotraficantes, entre ellos 123 extranjeros y 84 extraditables, fueron capturados en los últimos 16 meses… ”-, podemos entender la inmensa estructura de muerte que representan. A ello hay que agregar los millares de las más de 1.757.977 familias, en 627 municipalidades, financiados por “Familias en Acción Social” y los “guardabosques de Uribe” desde el 2001, con respaldo del Banco Mundial (http://go.worldbank.org/TQIOZ4PS60).

Global Exchange organización No Gubernamental norteamericana en estudio elaborado por su equipo investigador que lideró una Misión Internacional de Observación Pre-electoral para Colombia, en “ANÁLISIS DEL PROGRAMA FAMILIAS EN ACCIÓN EN EL MARCO DE LOS PROCESOS ELECTORALES EN COLOMBIA. Documento de Circulación Restringida”, señalaron el pasado mes de febrero  (www.globalexchange.org), que entre las diversas denuncias recibidas por la delegación por parte de los ciudadanos, líderes sociales, organizaciones locales, partidos políticos y autoridades civiles, se destacan la violación de los derechos humanos, la pervivencia de estructuras armadas y el miedo a denunciar ante las autoridades. Una queja reiterada fue el indebido uso del programa “Familias en Acción” por parte de funcionarios y políticos locales, para presionar a los beneficiarios a votar por determinados candidatos asociados a los partidos de la coalición del gobierno colombiano. Denunciaron su preocupación por la manipulación de las personas en condición de pobreza extrema y desplazadas por la violencia (más de cuatro millones)…

De complemento, tienen un “eficiente sistema electoral” de resultados manuales en dos horas, que consistió, entre otras cosas, en entregarle al “elector” 6 tarjetas, y estos “en secreto”, seleccionaban la tarjeta de “su preferencia”, las otras 5 boletas sobrantes, quedaban “a la buena de Dios”, y listo…, Santos Presidente. Obviamente, no querrán hacernos creer que los cientos de hombres del terrorismo de Estado antes descrito, estaban “comprando kerosén” en el ínterin.

El nuevo Presidente, heredero de la tradición oligárquica, de la rancia familia (¿Clan?) Santos, es fiel representante de casi doscientos años en el dominio de la santanderina política asfixiante de Colombia, la que ha mantenido al pueblo del hermano país en una de las pesadillas más terribles y prolongadas de la humanidad, amenazando, ahora con sus 7 bases militares gringas, tierras bolivarianas.

RAZÓN TIENE EL GOBIERNO BOLIVARIANO; hoy es prioritario e imprescindible un Acuerdo de Paz para Colombia, para empezar a garantizar la democracia y la paz en Nuestra América.